Agrupación proisraelí pide cancelar La Vuelta por presuntos delitos de odio

La Vuelta a España 2025 quedará en la memoria más por las controversias que por el espectáculo deportivo. La falta de acción por parte de la UCI y el Comité Olímpico Internacional –al contrario del caso de Rusia y Gazprom en 2022- derivaron en protestas contra la presencia de Israel Premier-Tech por activistas pro-Palestina a causa del “sportwashing” que realiza la escuadra y su propietario, el canadiense-israelí Sylvan Adams, en medio de una situación en Gaza que múltiples organismos internacionales califican como genocidio. Ahora, una asociación pro-israelí denunció presuntos delitos de odio y pide a la justicia española la cancelación de toda la Vuelta a España.

La denuncia

El Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional de España recibió ayer una denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que incluye delitos de odio, desórdenes públicos, contra la seguridad vial y lesiones. ACOM se presenta en su sitio web como una “organización en España que lucha contra el antisemitismo”. La organización, asociada a ideas de derecha, niega la existencia de un genocidio en Gaza y acusa en sus redes sociales que el gobierno español “promueve, jalea y financia el terrorismo callejero en la Vuelta a España” y que ASO, la organizadora de la carrera, “consiente” las protestas, sin presentar pruebas en ninguno de los dos casos.

¿Cómo sigue el caso?

El titular del juzgado que recibió la denuncia, Santiago Pedraz, se dirigió a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia de este órgano judicial para investigar la denuncia y sobre si procede admitirla a trámite, un paso habitual en estos casos, según reportó la agencia EFE.

La denuncia se dirige “contra los autores materiales contra los instigadores y amparadores institucionales”, entre los que la asociación citó a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas de izquierda y centroizquierda como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, así como contra el director técnico de la carrera, Kiko García. Se desconoce cuál es la acusación hacia García, quién se limitó a declarar, tras la etapa 11 en Bilbao, que “hay que poner todo en la balanza y valorar su podemos poner en riesgo una de las tres grandes vueltas o si seguimos protegiendo a un equipo que pone en riesgo todo lo demás”.

La asociación justificó en un comunicado la presentación de su denuncia al considerar que ha habido “acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad”.

Medidas de la organización de La Vuelta

Más allá de esta denuncia, la organización de La Vuelta ratificó que la carrera continuará hasta Madrid, tal como está planificado. Eso no quita que se tomaron medidas para disuadir las protestas: la contrarreloj de Valladoid se redujo de 27,2 a 12,2 kilómetros para “garantizar mayor protección al desarrollo de la etapa” al tiempo que, para la etapa final en Madrid se dispuso la presencia de 1500 agentes de la policía, una presencia inédita que se asemeja a la de una cumbre de la OTAN, según señalaron medios españoles.