Tras evadir impuestos mudándose a Andorra, ciclistas se enfadan por un aumento de € 650

Marc Soler, Oier Lazkano, Carlos Verona… Son muchos los ciclistas que eligen Andorra como destino para residir. Al igual que Tadej Pogacar con Mónaco, por lo general hay un solo motivo por detrás: la decisión de pagar menos impuestos. Ahora ocurrió un hecho insólito: la Federación aumentó en unos mínimos 650 euros el costo para obtener una licencia como profesional, lo cual generó un inmediato rechazo por parte de los corredores que, paradójicamente, pagan menos al residir allí.

Tras evadir impuestos mudándose a Andorra, ciclistas se enfadan por un aumento de € 650 para fondo antidopaje

Verona es uno de los ejes del conflicto que enfrenta a los corredores con Carolina Poussier, la presidenta de la Federación Andorrana de Ciclismo (FAC). Según informa Altaveu, la Federación quería implementar un depósito de 8000 euros por corredor para cubrir eventuales costos de un expediente antidopaje. La Unión Ciclística Internacional (UCI) rechazó la propuesta y, por tanto, la FAC decidió implementar una medida para poder obtener esos ingresos que necesita: aumentar el precio de la licencia profesional de 750 euros a 1500 euros. Pese a que los ciclistas eligen Andorra, entre otros motivos, por los bajos impuestos, algunos de ellos rechazaron la medida.

Pero, ¿Cómo se originó el conflicto? La federación quiso implementar el depósito de 8.000 euros. Previamente se utilizaba un aval bancario pero un caso de doping –cuyo corredor ya no residía en el Principado- terminó complicando el asunto. A la federación le tocó cubrir el costo. La UCI rechazó la implementación del depósito y, por tanto, decidieron incrementar el costo de la licencia para poder generar fondos propios y asumir, eventualmente, los costos de posibles expedientes de dopaje sin tocar recursos que ya asignan por presupuesto a otros proyectos deportivos.

La postura de la federación

“Quisimos hacer este depósito porque pensábamos que para los profesionales era la mejor opción pero éramos la única federación que hacía este sistema, por lo que la UCI lo rechazó”, indicó Poussier. La presidenta de la federación señala que escucharon al Sindicato de Ciclistas Profesionales (CPA), se reunieron “muchas veces” con la UCI y finalmente retiraron el depósito para homologarse a otros modelos: “Accedimos a sacar este depósito… y alinearnos con los precios de otras federaciones como Mónaco”.

“Ahora que no es posible, es evidente que nosotros debemos hacer una almohada por si se abre un dossier de dopaje”. Y la probabilidad de que haya expedientes es muy alta: en Andorra viven alrededor de 100 ciclistas del pelotón. “Es muy fácil que nos caiga uno”, admitió. Esto también responde a un motivo ético –explicó-: “No podemos coger dinero de proyectos deportivos… para pagar algo… ilegal, con dinero público”.

Verona: “Dañaron mi imagen”

Frente a esta situación, Verona y otros ciclistas residentes en Andorra llamaron a que los ciclistas tramiten su licencia como profesional por fuera del principado, una decisión criticada duramente por Poussier. “Cuando tú eres residente en un país, lo mínimo que puedes hacer es ayudar a la federación de ese país”. También asegura que la UCI habría recordado a los profesionales residentes que la licencia debe hacerse en el Principado y no fuera de allí.

El ciclista español de Lidl-Trek, no obstante, cuestiona el incremento de 650 euros. “Somos, en parte, quienes financiamos la federación … con más de 100 profesionales… somos una parte importante”. Según el corredor, la relación y la comunicación con la federación se deterioraron. Relata que en julio la presidenta le mencionó la opción del depósito y que él ya advirtió de que no era equitativa, sobre todo para jóvenes y corredoras que comienzan: ” 8.000 euros… para mucha gente es complicado “. Sin embargo, su disgusto estalló cuando se enteró de la decisión por la prensa: “Me enfadé bastante… sentí que se dañaba mi imagen” dijo Verona teniendo en cuenta que él había sido la cara visible ante muchos profesionales residentes.

El veterano corredor, que dice no haber hablado con la UCI sino únicamente con otros corredores y con la CPA, destacó que, ante este aumento, los ciclistas empezaron a tramitar la licencia fuera de Andorra y que el impacto ya es visible con muchos de los ciclistas incluso cambiando las ya existentes. “Había 120 licencias el año pasado… hoy hay menos de la mitad de licencias tramitadas. Duplicar el precio de un día para otro… es abuso de poder”.

Conflicto abierto

Verona dice que su problema no es tanto el importe sino el destino del dinero. “Para mí… es cómo se gestiona, qué se hace con ese dinero”, manifestó el corredor, quién también cuestionó la falta de proyecto para el ciclismo de base, señalando que él encaró varias actividades sin apoyo federativo. “Nunca hemos recibido ni un euro de la FAC”, indicó, señalando que tenía preparado crear un nuevo club allí pero que frenó el proyecto y no lo afilió por considerar “antiética” la forma de actuar de la federación.

“Es todo muy turbio… me da vergüenza, yo ya habría dimitido. Me saqué la licencia en España para poner límites y por las futuras generaciones que vengan a Andorra. Si tengo que quitarme la licencia a Andorra, quiero sacarla correctamente”, sentenció. Veremos hasta dónde irá este conflicto que provocó una ruptura entre los ciclistas residentes en Andorra y la federación local.