Caso cerrado. Así dictaminó la Unión Ciclista Internacional (UCI) el final del camino para Miguel Ángel López, quien deberá completar de manera efectiva la sanción impuesta y, peor aún, devolver una importante suma de dinero tras haber sido suspendido por el uso y poesión de sustancias prohibidas en el Giro de Italia 2022.
Luego de varios años de idas y vueltas, el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) rechazó la apelación que “Superman” López había realizado en mayo de 2025. De ese modo, el caso se ha dado por cerrado de modo definitivo y no hay más instancias en las que el colombiano pueda protestar para defender su inocencia.
Las pruebas de la Operación Ilex y la sanción de cuatro años de la UCI
La UCI recordó que se realizaron los procedimientos contra López en el marco del reglamento establecido, basados en las evidencias encontradas por la Guardia Civil española y la CELAD -autoridad antidopaje de dicho país- en el contexto de la denominada Operación Ilex, relacionada con el médico Marcos Maynar.
A fines de mayo de 2024, la UCI determinó que López había cometido una violación antidopaje, principalmente por las evidencias de la CELAD al interceptar una parcela de la droga menotropina que estaba destinada al ciclista.
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Por esa razón, la UCI aplicó una sanción de cuatro años, entre el 25 de julio de 23 y el 24 del mismo mes en 2027, la pérdida de todos los resultados obetenidos entre mayo de 2022 y julio de 2023, y una multa económica equivalente al 70% de los ingresos obtenidos del ciclismo en 2022.
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El devenido en carnicero, apeló ante el TAS, que rechazó sus argumentos con unanimidad. Entonces el escarabajo se dirigió al Tribunal Federal y argumentó que la CELAD había violado sus derechos humanos, pero el 19 de agosto último esa corte rechazó también su presentación.
El Tribunal determinó que no había sucedido tal cosa, que las evidencias habían sido recolectadas y compartidas entre las diferentes entidades de modo transparente y en el marco de la Convención Internacional contra el Dopaje.
Por ese motivo, el Tribunal ratificó la sanción económica, estipulada por el artículo 10.12.1 del reglamento de la UCI. El mismo se creo de cara a que evitar que nadie saque provecho del dopaje, enviando un mensaje de advertencia a quienes estén considerando recurrir a dichas prácticas.
A todo esto, el juicio por la mencionada Operación Ilex no pudo demostrar la implicación del sudamericano, algo que no influyó en las investigaciones de las autoridades de la UCI, ITA y TAS, ni del Tribunal Federal.
Miguel Ángel siempre defendió su inocencia y por eso llevó su caso hasta las últimas consecuencias, en parte también porque contaba con los recursos económicos para hacerlo, una de las principales trabas que el resto del pelotón suele encontrar cuando está en la misma situación. Pero a fin de cuentas, ahora el boyacense deberá usar sus ahorros para pagar la cifra de dinero estipulada en la sanción definitiva.
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