La denominada “Operación Ilex”, uno de los casos de dopaje más relevantes de los últimos años en España, ya tiene sentencia. El Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres condenó al médico y profesor universitario Marcos Maynar Mariño y a Ignacio Bartolomé Sánchez por tráfico de medicamentos no autorizados destinados a deportistas profesionales y amateurs, incluyendo a ciclistas del pelotón como el venezolano Orluis Aular.
Según la resolución judicial, difundida por Marca, ambos enviaban sustancias prohibidas o no autorizadas mediante paquetes postales camuflados como suplementos alimenticios. La sentencia considera que esta causa representa la sanción penal más importante relacionada con dopaje en la historia de España, superando incluso el impacto de la conocida Operación Puerto.
Las condenas impuestas
El tribunal condenó a Marcos Maynar a 2 años de prisión, multa de 2.700 euros y 21 meses de inhabilitación profesional relacionada con medicina y entrenamiento deportivo. Por su parte, Ignacio Bartolomé recibió 9 meses de prisión, multa de 2.100 euros y 9 meses de inhabilitación. La sentencia absolvió, por su parte, al exdirector deportivo Vicente Belda Vicedo y al entrenador Raúl Bernal Vigo de los delitos más graves, al no demostrarse que conocieran el contenido exacto de las sustancias ni que las distribuyeran conscientemente.
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Cómo funcionaba la red
El fallo judicial describe una operativa basada en envíos postales de cápsulas y comprimidos distribuidos en bolsas transparentes con etiquetas escritas a mano como “café”, “fuerza” y “lactato”. Los deportistas eran captados en Cáceres, donde realizaban pruebas fisiológicas y de esfuerzo. Posteriormente recibían estas sustancias creyendo que eran suplementos legales destinados a mejorar el rendimiento deportivo.
La investigación concluyó que algunas cápsulas contenían DCA (ácido dicloroacético), una sustancia no autorizada en España. El tribunal considera probado que su distribución suponía un riesgo para la salud pública debido a posibles efectos secundarios como neurotoxicidad, daños hepáticos y sospechas de carcinogenicidad. Además, la sentencia remarca que las sustancias eran enviadas sin controles sanitarios adecuados, sin prospectos y sin garantías de conservación.
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El papel del Actovegin Forte
Otro de los productos clave en el caso fue “Actovegin Forte”, un medicamento biológico elaborado a partir de extracto de sangre de ternera y no autorizado en España.
El juzgado considera acreditado que este producto también fue distribuido entre deportistas. Aunque puede estar autorizado en algunos países, la sentencia recuerda que la legislación española prohíbe su comercialización y distribución sin autorización oficial. El fallo señala que este medicamento puede provocar reacciones adversas y alergias, especialmente cuando se utiliza sin necesidad terapéutica comprobada.
Deportistas implicados y paquetes interceptados
Uno de los nombres más destacados mencionados en la causa es el del ciclista colombiano Miguel Ángel López, entonces corredor del equipo Astana. La Guardia Civil interceptó un paquete remitido el 11 de febrero de 2022 y dirigido al corredor que contenía bolsas con cápsulas identificadas como “lactato” y otra bolsa con pastillas amarillas que resultaron ser “Actovegin Forte”.
También se detectaron envíos dirigidos a otros deportistas, incluidos ciclistas y nadadores. Durante el juicio declararon numerosos atletas que confirmaron haber mantenido contacto con Maynar o Bartolomé y haber recibido las sustancias tras realizar pruebas físicas.
Entre los ciclistas que declararon sobre la forma en la que recíbian las sustancias, están Orluis Aular, Julen Amezqueta, Garikoitz Bravo y Josu Etxeberria. La investigación fue liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, especialmente su sección de Salud Pública y Dopaje. La sentencia valida las escuchas telefónicas, las interceptaciones de paquetes y los análisis realizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Además, rechaza las objeciones de las defensas, que cuestionaban la legalidad de la investigación y la cadena de custodia de las pruebas.
Aunque el fallo condena a Maynar y Bartolomé, también introduce algunas precisiones importantes. El juez reconoce que no quedó demostrado que los deportistas sufrieran daños físicos concretos tras consumir las sustancias. Sin embargo, sostiene que el delito existe igualmente porque se puso en riesgo la salud pública mediante la distribución de medicamentos no autorizados. Tampoco se pudo probar que otra sustancia investigada, la menotropina, hubiera sido utilizada por Miguel Ángel López durante el Giro d´ Italia 2022 ni que provocara problemas físicos en el corredor.
Un caso que deja huella
La sentencia de la Operación Ilex vuelve a situar el debate sobre el dopaje. El caso refleja una estructura basada en asesoramiento fisiológico, distribución de sustancias no autorizadas y utilización de métodos encubiertos para suministrarlas a deportistas. También enciende las alarmas sobre la reincidencia de algunas figuras: Maynar en 2004 fue uno de los 126 detenidos por la Policía Nacional durante la Operación Gamma II, por un posible delito contra la salud pública. Maynar fue detenido el 16 de julio, en la segunda fase de una operación que descubrió una amplia red que vendía drogas sintéticas, esteroides, anabolizantes y hormonas, y que operaba en gimnasios de 31 provincias.
Luego, fue objeto de un escándalo en 2008 cuando el ciclista portugués de 26 años, Bruno Neves, falleció en carrera por paro cardiaco. En las dependencias del equipo LA-MSS se incautaron numerosas sustancias y bolsas de sangre. Maynar fue sancionado con 10 años de suspensión en ese entonces.
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Doble moral y justicia, como decimos en Colombia, para los de ruana. A López lo castigan por usar, tal vez, una sustancia no autorizada, pero que no se ha probado que sea dopante y le dañan su vida profesional. Pogacar usa sustancias que mal usadas pueden ser dañinas, pero allí no pasa nada, no hay ni sanción moral.